La aplicabilidad de la firma electrónica en el país empieza a generalizarse. Hernán González, titular de la Dirección de Certificación del Banco Central del Ecuador (BCE) dijo que el uso de esta tecnología, en certificados digitales, creció respecto del 2010 hasta 2012 en alrededor del 400%. Según Eikon, una empresa de desarrollo de software y tecnologías, al inicio de su aplicación (a fines de 2008), su uso tanto en empresas públicas y privadas bordeaba el 10%.
Gonzales ratificó que en ese año, su uso era mínimo porque solo se aplicaba para procesos de gestión documental, pero a partir de 2010 empieza a mejorar por la incorporación de otras instituciones públicas y privadas al sistema, incluso las Aduanas.
La firma electrónica la estrenó el presidente Rafael Correa en noviembre de 2008, cuando selló su rúbrica digital en un decreto que estableció una reingeniería total del Sistema Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA). Algo más de 500 dependencias del Estado han hecho uso de esta herramienta. Un número similar de empresas privadas también ya la usan.
De la curul a la firma
Si bien esta tecnología ya se usa en varias dependencias públicas y privadas, en la Asamblea su aplicación es distinta. El Secretario del Legislativo, Andrés Segovia, explicó que una vez que se inició la utilización de la curul electrónica que garantiza el derecho al voto, El siguiente paso será ir a la firma electrónica para garantizar que los documentos estén firmados por quien lo suscribe. “El Ejecutivo ha dado un paso y en lo que se refiere al Legislativo, estamos avanzando en su aplicación por ser útil y eficiente para el manejo de la administración pública”, afirmó.
Pero Segovia atribuyó aún la poca utilización de la firma, a que todavía es un tema que debe ser discutido e incluso habría que promocionar más la ley de comercio electrónico y que la gente se adhiera a los beneficios que esto conlleva.
Hasta 2009, con la utilización de esta rúbrica, el país ha hecho uso de un 50% menos de papel de impresión, lo que ha significado un ahorro de cerca de los 20 millones, más el beneficio ecológico de al menos 6.000 árboles que no se talaron.
En 2008, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) otorgó al BCE la facultad de certificar información para el uso de este método. Entre otras, las instituciones que han adquirido certificados de información son el Ministerio de Electricidad y la Secretaría del Migrante, que representan el 63% de firmas vendidas. Al sector privado se le han emitido un 64%. Los costos bordean los 69 dólares incluida la adquisición de un Token, parecido a un dispositivo de almacenamiento que tiene una vigencia de dos años.
Lo importante dentro de este sistema es que se volverá mucho mas seguro y accesible a toda persona que desee obtener cualquier información de importaciones y exportaciones dentro de un campo muy amplio.
INTEGRANTES:
GUAMÁN ISABEL
URQUIZO DANIELA
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