Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal

Tras la creación del proyecto de Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, se ha generado varios puntos de vista sobre la verdadera intención que tiene esta ley, por parte del gobierno establece que la norma no busca poner impuestos adicionales sino eliminar algunas vías de evasión fiscal. Lo que se entiende que no solo debería verse desde el punto de vista fiscal sino redistributivo,  donde se trata de eliminar estas distorsiones no poniendo más impuestos sino que se paguen lo que  se tienen que pagar.

 El 29 diciembre del 2014 se publico en el Registro Oficial la Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, que de una u otra manera es parte de las medidas gubernamentales con las que el Gobierno busca hacer frente a la caída del precio del petróleo, este paquete de reformas rendirá al Estado unos USD 200 millones.


Entre las medidas de esta ley están la no deducibilidad de los gastos en publicidad de productos considerados “hiperprocesados”, la utilidad de la venta ocasional de acciones, que antes estaba exenta, ahora pagará IR.

Se eliminó el IVA y el Impuesto a la Salida de Divisas  para la compra de cocinas, ollas y calefones de inducción y duchas eléctricas, en cambio los que funcionen a gas pagarán ICE del 100%, que con ello, se procura establecer políticas orientadas al cambio de la matriz productiva y la eficiencia energética. También se aumentó el ICE para los cigarrillos y se limitó la devolución del IVA a los contribuyentes de la tercera edad y personas con discapacidad.

 

Pero por otra parte para los representantes del sector empresarial y exportador, se considera este proyecto un medio sobre todo con fines recaudatorios. 

 Y aunque desde su título, la normativa habla de incentivar a la producción existen dudas ya que a pesar de que existen incentivos para las empresas constituidas, preocupa la inclusión elevada de asuntos relacionados con el fraude fiscal que en algunos casos no dejan claro su alcance y en otros se convierten en un “escudo” para incrementar la carga tributaria a las empresas. Creo que lo más prudente era hacer una normativa de incentivos y posteriormente una ley para combatir el fraude fiscal, que de hecho es una necesidad porque genera competencia desleal.

Karla Paola Perez Shulca

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